Hechos similares, en aplicación de la llamada “justicia comunitaria”, acontecen cada vez más en el altiplano boliviano: de hecho, Bolivia enfrenta un régimen que se rige por sus propias normas: en ciertas partes del país ya ha dejado de estar vigente el Estado de Derecho y en su lugar se aplican medidas coercitivas en contra de quienes no se someten a los designios del MAS.
El sábado pasado (7 de marzo), una turba de pobladores, seguidores de Evo Morales, asaltó y saqueó la vivienda del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas y atentó contra la vida de su esposa y de sus dos hijos, en la comunidad de Sankajahuira, cantón de Huatajata, del municipio Achacachi, a 90 kilómetros de la capital, La Paz. Las cámaras de una cadena de TV captaron los incidentes.
Mientras los atemorizados ocupantes abandonaban la casa, algunos pobladores los persiguieron lanzándoles pedradas y latigazos. Debido a las lesiones sufridas, tres personas, entre las cuales, Lidia Katari, la esposa de Cárdenas, y el sobrino, que fue llevado hasta la plaza central de la comunidad y allí fue flagelado, permanecen aún hospitalizadas. Mientras ocurrían los hechos, Víctor Hugo Cárdenas, quien se encontraba en La Paz, alertado por su esposa de lo sucedido, trató infructuosamente de prevenir las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, y, según declara en una entrevista publicada en el diario La Razón, (10 de marzo) cuando oían su nombre le colgaban el teléfono.
Pero lo más grave, es mientras ocurrían los hechos, un contingente policial se encontraba a 200 metros de la casa, y permaneció impasible, sin hacer el menor gesto para impedir la agresión que se estaba llevando a cabo. Lo que significa que los habitantes de la casa hubieran podido ser linchados, sin que las autoridades responsables de la preservación de la seguridad de los bolivianos interviniesen; hecho totalmente factible dado que fue en esa misma zona en donde meses atrás, fueron torturados y decapitados varios perros a manos de los “ponchos rojos”, a manera de advertencia a los prefectos que abogaban por el respeto del estatuto autonómico. Los “ponchos rojos” es una agrupación de indígenas armados que obedece a las directivas de Álvaro García Linera, vice-presidente de la República quien, pese a pertenecer a la categoría de los “blancos”, es el vocero de la postura étnica más radical del gobierno. Es un hecho, de que las hordas violentas, son sectores tienen una ligazón directa con el oficialismo y son alentadas por el MAS, el partido del Presidente que al igual que en Venezuela, tienen carta blanca para atacar a los opositores, salvo que en Bolivia, apoyándose abusivamente en la tradición, - hecho que significa una regresión institucional flagrante -, esas prácticas, tras el resultado del referéndum que eligió por mayoría la nueva constitución, CPE, propuesta por Evo Morales, son consideradas como constitucionales, ya que por supuesto, quienes hacen uso de esas prácticas, que tanto recuerdan la época del nazismo hitleriano, no van a entrar en consideraciones tales como que: “para la aplicación del capítulo cuarto referido a la "jurisdicción indígena originaria campesina" y sus artículos 190, 191 y 192 es necesario una "Ley de Deslinde Jurisdiccional" establecida en el inciso 2”. La justicia “ancestral” se rige por la costumbre y las decisiones de la comunidad, hoy apoyada por la nueva CPE.
¿Pero quién es Víctor Hugo Cárdenas para que el odio del gobierno se cierna sobre él y se le aplique la “justicia comunitaria” contenida en la Constitución adoptada recientemente mediante referéndum? Víctor Hugo Cárdenas, es un intelectual de la etnia aymara que fue vicepresidente del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), periodo en que se decretó la Ley de Participación Popular, que llevó a que el país pasara de 35 alcaldía a 325, incorporando así a todas las regiones del país a establecer una relación orgánica con el Estado, e instituyó el bilingüismo en la educación pública. Gracias a esa ley, el partido de Evo Morales se hizo de varias alcaldías y de allí dio el salto a convertirse en una fuerza política. Y si vamos a medir grados de pertenencia a la cultura indígena, Evo Morales ante Cárdenas es un mestizos, como hay varios millones en Bolivia que ni siquiera domina ninguna de las lenguas originarias. En cambio, Cárdenas no solo se expresa oralmente y escribe en aymara, es un intelectual de gran valía, y no solo en aymara pues además pose un dominio del Castellano, que muchos intelectuales le podrían envidiar. Tuve la oportunidad de escucharlo a raíz del discurso que pronunciara en Madrid cuando le otorgaron el Premio Bartolomé de Las Casas, (1994) en España : premio que se otorga « para distinguir a aquellas personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores. » Víctor Hugo Cárdenas se hizo acreedor de esa distinción además por ser también exdirector ejecutivo del Fondo Indígena para América Latina y primer vicepresidente indígena de Bolivia.
El odio del gobierno a Víctor Hugo Cárdenas se deriva del hecho de que Cárdenas hizo campaña por el NO a la nueva constitución por considerarla regresiva y antidemocrática y que su nombre se baraja como la candidatura con mayor fuerza para enfrentarse a la de Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en diciembre próximo, lo que significaría un obstáculo serio a su ambición de la presidencia vitalicia; un totalitarismo constitucional puesto en boga por el socialismo del siglo XXI que es una adaptación del castrismo a la época. Y como para que no queden dudas entre y sin entrar en sutilezas, Evo Morales declaró en Viena que él “piensa quedarse mucho tiempo en la presidencia”. Esa es la razón del ataque a Víctor Hugo Cárdenas: amedrentarlo para obligarlo al exilio, pues no se ha atentado contra su persona, sino como el mismo lo dice, se ha atentado “cobardemente a su familia”. Recuerda que cuando luchó contra las dictaduras de Bánzer y de García Mesa, “ni esos tiranos se han atrevido a atacar a las esposas y a los hijos. A los dirigentes políticos sí nos detuvieron, nos torturaron. Yo mismo he sufrido esos atentados, pero nunca se habían atrevido con las esposas, con los hijos y con la familia, el Gobierno de Evo Morales es peor que las dictaduras militares”.
El pretexto para invadir la casa propiedad del ex vice presidente es que la comunidad pretende hacer de ella un asilo de ancianos. A lo que el propietario responde en la misma entrevista publicada en el diario La Razón del 10 de marzo : « En el mundo aymara, los ancianos y ancianas nunca son encerrados en un asilo, deben vivir con sus familias hasta el último día de vida. Por eso veo una mano negra, intereses oscuros que desconocen la cultura aymara y que están promoviendo esta actitud criminal. Si ellos quisieran destinar mi propiedad a otro fin, en la Constitución está la figura de la expropiación que es perfectamente legal. El Congreso tiene que aprobar una ley, se hace una valoración de la propiedad y el Estado le paga a los dueños.”
El presidente Evo Morales por su parte opinó que los ataques de los que ha sido objeto la casa y los familiares de Cárdenas era un asunto que el ex vicepresidente “tenía que resolver con su comunidad de acuerdo a usos y costumbres”. “Yo no sé, es un asunto entre ellos”, dijo Morales sacudiéndose la responsabilidad de proteger a ciudadanos indefensos. Además culpó al ex vicepresidente de haber provocado este odio por haber actuar en contra del Gobierno, criticando y hablando en contra de las autoridades.
Por su parte, el vicepresidente García Linera, adalid del racismo indigenista, declaró que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien y se sientan distanciados de él y lo critiquen. Ese es un tema que el señor Víctor Hugo Cárdenas tiene que responder ante la historia”. Luego insistió en que “la historia lo ha sancionado, la historia lo ha castigado y las repercusiones de esos actos dañinos en contra de Bolivia repercuten hasta hoy”.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, en un contacto telefónico con el diario La Razón, considera que los autores de los hechos, “Serían acusados por allanamiento a domicilio, por lesiones a los ocupantes del domicilio, amenazas de muerte, daño calificado —que es cuando destruyen las cosas del domicilio— y asociación delictuosa. Si esta gente tiene antecedentes de haber cometido estos actos irregulares, podríamos calificarlo como una organización criminal”.
Según el diario La Razón, el grupo comunitario "ponchos rojos" de la región del altiplano norte declaró "estado de sitio amuki" (silencio) en la región de Sank'ajawira municipio de Huatajata y otras poblaciones de la provincia Omasuyos, - zona en donde el sábado tuvo lugar la agresión contra la vivienda y los familiares de Víctor Hugo Cárdenas -, para asegurar que la casa de Cárdenas ya fue expropiada por no cumplir la función social establecida en el artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado para convertirla en una "casa de ancianos.
Ante las tajantes y contundentes declaraciones de las máximas autoridades del Estado, el Presidente y el Vicepresidente, avalando los hechos, y la entrada abiertamente en acción en el conflicto de los grupos de choque “ponchos rojos” es poco lo que pueda hacer la ley. Ya en una ocasión, el presidente Evo Morales declaró que él tomaba las decisiones y luego llamaba a los abogados para que “compusieran la ley”. La vulnerabilidad de la sociedad boliviana es un hecho consumado, como también la división radical entre las dos Bolivias, que como vemos en las agresiones al intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, que ya el oficialismo no continuar afirmando que se trata de una ruptura entre blancos racistas e indígenas que buscan resarcirse de los “quinientos años de opresión”.
Texto original de Elizabeth Burgos.
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