El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben ser independientes, no sólo en la letra de la Constitución, sino también en la práctica. Ninguno de ellos puede interferir en las actuaciones propias de los otros. Y en el caso que esto sucediera, en democracia, quien tiene la competencia para dilucidar el conflicto es precisamente uno de los poderes públicos, me refiero al Poder Judicial. El Poder Judicial administra la justicia, decide quién tiene la razón y corrige los desafueros gubernamentales conforme al derecho y a la justicia. Pudiera ser que eventualmente surjan dudas sobre la verdadera autonomía e independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que ambos lo integran políticos que obedecen a determinadas corrientes políticas; pero en lo que jamás debe existir vacilación es, en la independencia del Poder Judicial. Los jueces no pueden seguir líneas de partido, si lo hacen desnaturalizan sus funciones y se convierten en vulgares marionetas.
Democracia no es elegir periódicamente al presidente, a los gobernadores, alcaldes o a los demás funcionarios de elección popular. Ni siquiera con la supervisión de un CNE confiable, transparente e imparcial.
La democracia se resume en la correcta administración de justicia. El Poder Judicial es por excelencia el indicador de los valores democráticos; a él acuden los ciudadanos para exigir la protección de sus derechos.
Este gobierno no es que se involucra en las decisiones que deben tomar los tribunales, sino que se burla del Poder Judicial, y para desgracia de los venezolanos los jueces aplican la política del teflón; en una suerte de protección del puesto con su respectivo salario y jugosas bonificaciones, les resbalan los comentarios gubernamentales, fingen demencia cuando les llaman plasta o mafiosos. Tenemos suficientes ejemplos que nos revelan que el juez que aplique la ley en forma honesta y equilibrada y que además se sienta autónomo e independiente sin esconder la cabeza como el avestruz, lo defenestran. La máxima revolucionaria nos señala que los jueces tienen que ser “rojos rojitos” y sus decisiones tienen que estar siempre ajustadas a los designios del proceso, lo cual significa no contradecir al líder supremo.
Ni los militares ni los civiles están obligados a profesar el socialismo como ideología. Las personas pueden decidir si son o no socialistas pero en todo caso, el Estado está obligado a darles protección como individuos pensantes. Una Fuerza Armada Nacional sensata estaría obligada a hacer respetar el derecho que tienen todos los ciudadanos de ser socialistas, liberales o neoliberales. Bueno, eso es lo lógico en las democracias.
Lamentablemente en nuestra Fuerza Armada Nacional existen militares que ven al socialismo del siglo XXI como el mejor negocio de su vida, no por lo que contemple su desconocida doctrina, sino por la fortuna que les representa. A estos militares “revolucionarios” no les importa que su comandante en jefe los obligue a declararse y comportarse como soldados “rojos rojitos” radicalmente antiimperialistas, siempre y cuando se les respete su cartera de negocios.
El terror poco a poco se ha apoderado de la totalidad de los mensajes presidenciales. No hay declaración que no conlleve una intimidación, un chantaje una provocación.
Posiblemente Chávez está abusando del terror. Al no dosificarlo no deberíamos sorprendernos si concluye su ciclo por causas de una sobredosis.
Esos mismos militares que hoy sucumben ante sus órdenes, no por terror, sino por negocio, mañana, cuando las bombas amenazantes comiencen a estallarles más cerca y sientan el inminente peligro de ser sustituidos y perder sus privilegios, serán los primeros en echarle agua a los fuegos expelidos por el dragón revolucionario.
Mientras los acaudalados milicos escuchen el retumbar de los cañones en las lejanías, seguirán divirtiéndose con las bravuconadas del jefe y continuará hundiéndose el país que ellos juraron defender con la vida.
-Palabras escritas por Pablo Aure.
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